Argentina, oficialmente República Argentina, es un Estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo sureste de América del Sur. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus 40 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita y calidad de vida que se encuentran entre los más altos de América Latina.
SISTEMA JURIDICO
La República Argentina ha adoptado en su
Constitución Nacional (CN) la forma representativa, republicana de Gobierno, y
la forma Federal para la organización del Estado (artículo 1º CN). Como
consecuencia de esto último, coexisten un Gobierno Federal y 24 distritos, éstos
últimos integrados por 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En el nivel del gobierno federal, existe un
régimen presidencialista con una clásica división de poderes entre el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN), un Poder Legislativo bicameral (PL), integrado por una
Cámara de Diputados y otra de Senadores, y un Poder Judicial (PJ).
La Constitución Nacional distribuye una serie
de competencias entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Provinciales, dejando
en mano de estos últimos todo el poder que no haya sido delegado al Gobierno
Federal (artículos 121 y 126 CN). El Poder Legislativo de la Nación es el
encargado de dictar las leyes generales de la Nación (Códigos Civil, Comercial,
Penal, Legislación Laboral, y otros temas que son competencia del Gobierno
Federal), que rigen en todo el territorio del país, mientras que la legislación
de forma o procesal, y temas propios de las Provincias, son de competencia de
los Gobiernos Provinciales.
Asimismo, el PEN interviene en la formación y
sanción de Leyes, al otorgarle la Constitución el poder de veto, tanto total
como parcial, con el consiguiente reenvío a las Cámaras Legislativas para la
reconsideración de las propuestas legislativas que no hayan sido promulgadas.
En el ámbito del Poder Legislativo se
encuentra la Auditoría General de la Nación, que tiene a su cargo el control
externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos (artículo 85 CN) y la Defensoría del Pueblo, cuya
misión es la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía tutelados por
la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes contra hechos, actos u
omisiones de la Administración (artículo 86 CN).
El Poder Ejecutivo tiene facultades para
dictar reglamentos o decretos de carácter delegado -en aquellas materias de
administración o de emergencia pública que expresamente le delegue el Congreso
(artículo 76 CN) o por necesidad y urgencia –cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos (artículo 99, inciso 3 CN).
Estos Decretos son materialmente normas generales, aunque se las pueda
considerar normas inferiores a las leyes.
El PEN también tiene facultades de dictar los
Decretos Reglamentarios que sean necesarios para la ejecución de las Leyes,
cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (artículo 99,
inciso 2 CN), y Decretos de carácter autónomo, que rigen únicamente dentro del
ámbito del PEN, y que el Presidente los dicta en su carácter de responsable
político de la Administración del país (artículo 99, inciso 1).
Con relación al lugar que ocupan los Tratados
Internacionales en el orden jerárquico normativo se debe señalar que existe un
bloque de legislación federal, superior al ordenamiento normativo de los
Gobiernos Provinciales, constituido de la siguiente manera:
1. Constitución Nacional y
Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional
(artículos 31 y 75, inciso 22 CN)
2. Tratados Internacionales sin
jerarquía constitucional, inclusive los de integración regional y las normas
dictadas en su consecuencia -en este
nivel se ubica la Convención Interamericana Contra la Corrupción- (artículos 31
y 75 incisos 22 y 24 CN).
3. Leyes del Congreso de la
Nación (artículos 31 y 75 incisos 22 y 24 CN)
4. Decretos Delegados del Poder
Ejecutivo de la Nación (artículo 76
CN)
5. Decretos de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo de la Nación (artículo 99, inciso 3
CN).
El Presidente de la Nación cumple las
funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y responsable político de la
administración del país y Jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 99, inciso 1 y
12 CN). Por debajo de él, existen en la actualidad 10 Ministerios y una Jefatura
de Gabinete de Ministros, cuyas áreas de competencia son dispuestas por Ley del
Congreso de la Nación. En el ámbito de la Administración Pública Nacional, por
debajo de la estructura de los Ministerios, existen numerosos organismos de
carácter administrativo que integran el denominado Sector Público Nacional
(artículo 8 de la Ley Nº 24.156) y que llevan adelante la gestión,
administración y control de gobierno.
En cuanto al Poder Judicial de la Nación,
éste tiene como misión dirimir conflictos que se suscitan en causas judiciales y
custodiar la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad de las
leyes es ejercido de manera difusa, por todos los jueces de la Nación, inclusive
los jueces provinciales. Sus decisiones sobre la constitucionalidad de una norma
no tiene efectos derogatorios de aquélla, sino que sus decisiones afectan
únicamente a las partes en el litigio.
Ligados al Poder Judicial, se encuentran el
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Nación (artículos 114 y 115 CN). El Consejo tiene por función primordial la
intervención en el proceso de selección de los candidatos a jueces inferiores de
la Nación, la administración del Poder Judicial, y las facultades disciplinarias
y de acusación de los jueces, esto último ante el Jurado de Enjuiciamiento
recién mencionado, que tiene por misión el juzgamiento en los procesos de
remoción de jueces inferiores nacionales.
Asimismo, existe un Ministerio Público
integrado por la Procuración General y la Defensoría General que tiene por
función promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de
los intereses generales de la sociedad (artículo 120 CN).
Organismos
consultados:
- Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación
- Honorable Cámara de Senadores de la Nación
- Auditoría General de la Nación
- Sindicatura General de la Nación
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
- Procuración General del Ministerio
Público
- Defensoría General del Ministerio Público
- Defensoría del Pueblo
- Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Consejo de la Magistratura de la Nación
- Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Nación
- Dirección Nacional de Asuntos y Cooperación
Internacional del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
- Dirección para el Fortalecimiento de la
Gestión de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros
- Oficina de Estadística del Poder Judicial de la Nación
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